La Xunta lanza el protocolo contra la violencia en el ámbito educativo
“La prevención es clave, pero para que sea efectiva, es necesario construir espacios seguros y de confianza donde el alumnado se sienta protegido y escuchado”
La Xunta de Galicia acaba de lanzar el Protocolo de actuación contra la violencia en la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo, cuyo principal objetivo es que el profesorado cuente con las herramientas adecuadas, así como una hoja de ruta clara para actuar ante la sospecha de que un alumnado pueda estar sufriendo una situación de violencia de cualquier tipo y en cualquier contexto.
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, quien participó en la presentación del contenido de este nuevo protocolo en el Instituto Luís Seoane de Pontevedra, acompañado por la directora general de Planificación Educativa e Innovación, Judith Fernández, destacó que la lucha contra la violencia desde los centros educativos «debe comenzar mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas».
“La prevención es clave, pero para que sea efectiva, es necesario construir espacios seguros y de confianza donde el alumnado se sienta protegido y escuchado”, enfatizó. En este sentido, el titular de Educación de la Xunta avanza que, a través de este protocolo, se fomenta que los colegios e institutos, además de ser “lugares físicos que funcionen como espacios seguros”, promuevan un entorno emocional de confianza y apoyo.
Tipos de violencia según la OMS
En este sentido, el protocolo establece el procedimiento a seguir, con una actuación coordinada del personal educativo que garantice una respuesta rápida y eficaz, siempre orientada a la protección del menor. Hace hincapié tanto en la prevención como en la detección e intervención en casos de violencia que el alumnado pueda sufrir, tanto en el propio centro como en su entorno social y familiar.
También abarca todos los tipos de violencia reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS): física, sexual, emocional, de género, institucional, negligencia, incitación a la delincuencia, explotación económica o trastorno facticio infligido a otro (TFIA). Este último se refiere a cuando una familia somete al menor a continuos exámenes médicos, suministro de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados activamente por el adulto.
Prevención en el centro y en la familia
El apartado de prevención incluye medidas para el centro educativo, donde el coordinador de bienestar y convivencia desempeña un papel central como referente en la comunicación de posibles casos de violencia, así como en la coordinación con las familias.
En el caso de los centros, se promoverán charlas informativas para crear entornos de confianza donde el alumnado no tenga miedo de hablar y se sienta seguro. Se promoverá la formación del profesorado y se trabajarán aspectos de inteligencia emocional.
En cuanto a la coordinación con las familias, se desarrollarán diversas actividades, como talleres y charlas formativas sobre disciplina positiva, inteligencia emocional, estrés parental y conflictos familiares, entre otros, y se fortalecerán los canales de orientación y comunicación.
Detección e intervención
En la sección de detección, el protocolo enfatiza la importancia de actuar con la máxima diligencia y responsabilidad cuando se sospecha que un niño se encuentra en una situación de riesgo. Si bien el profesorado no es responsable de evaluar ni confirmar la existencia de una situación de violencia contra un menor, debe contar con las herramientas necesarias para identificarla, comunicarla y activar los mecanismos de protección.
Para ello, el primer paso establecido es la escucha activa y la confidencialidad, así como un cuestionario de indicadores que orienta al profesorado en la identificación de indicios de una situación de riesgo. El cuestionario se divide en bloques con indicadores físicos, emocionales, conductuales y familiares.
Si se confirma la sospecha, el profesorado deberá informar al equipo directivo y, dependiendo de la gravedad de los hechos, deberá comunicarlos inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (riesgo alto) o a los servicios sociales (riesgo potencialmente bajo) para que realicen las investigaciones pertinentes. También se informará a la familia siempre que se confirme que los agresores o encubridores no pertenecen al entorno familiar.
Asimismo, el protocolo establece una serie de medidas de intervención psicoeducativa para favorecer el proceso educativo del alumnado, con estrategias que promueven espacios de diálogo donde la víctima puede expresar libremente sus miedos e inquietudes, así como realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares necesarias.
También se establece un seguimiento confidencial del alumnado, que se realizará a través del coordinador de bienestar y convivencia, así como la coordinación interinstitucional (servicios sociales, servicios de salud, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscalía, etc.) para una intervención positiva.
Este protocolo se enmarca en la Estrategia Gallega de Convivencia Escolar 2025, que se está desarrollando este curso académico con nuevas acciones como el Termómetro Acoso Escolar, una herramienta que ya está disponible en los centros educativos y que ayudará al profesorado a detectar y prevenir mejor las situaciones de acoso escolar.