El gobierno local responde a las críticas de la CIG y la oposición y asegura que todas las medidas están avaladas por informes técnicos y sentencias judiciales.
El gobierno municipal de Arteixo respondió este lunes a las críticas de la CIG y de la oposición tras las protestas registradas ante la casa consistorial por su gestión en materia de personal. El ejecutivo local defendió las decisiones adoptadas en los últimos años, que incluyen tres despidos y varios expedientes disciplinarios por faltas graves en el desempeño laboral.
El alcalde, Carlos Calvelo, subrayó la “gravedad de los hechos” que motivaron estas medidas y recalcó que los trabajadores públicos “tienen derechos, pero también obligaciones”.
Entre los casos expuestos, el regidor detalló el despido de un conductor del servicio de recogida de residuos por incumplir reiteradamente las normas de seguridad y manipular sistemas del camión, poniendo en riesgo tanto a personas como al propio vehículo, además de negarse a cumplir órdenes de sus superiores.
Asimismo, el Concello justificó el despido de un operario de limpieza viaria tras protagonizar una agresión verbal y física con un arma cortante contra un encargado del servicio, un caso que fue avalado por el juzgado de lo social, que consideró que la conducta podía haber causado lesiones graves o incluso la muerte.
Otro de los despidos correspondió a un trabajador del servicio de aguas por negarse de forma reiterada a realizar tareas asignadas, además de protagonizar diversos incumplimientos, como no devolver un vehículo municipal durante una baja laboral o incluir mensajes ofensivos hacia sus superiores en los partes de trabajo.
En cuanto a los expedientes disciplinarios, el gobierno local señaló la suspensión de empleo y sueldo a un conductor del servicio de residuos tras una agresión física y verbal a un compañero, también ratificada judicialmente.
El alcalde insistió en que todas las decisiones adoptadas se basan en informes de responsables de los servicios y cuentan, hasta el momento, con el respaldo de los tribunales. Además, recordó que la administración tiene la obligación de actuar ante incumplimientos graves para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Por último, el gobierno municipal lamentó la situación generada y defendió que su actuación responde al deber de velar por la seguridad, el respeto y la profesionalidad dentro del ámbito laboral público.
